El cese del delegado de Hacienda se produce tras su estrecha colaboración con la Justicia con la elaboración de informes a requerimiento de los instructores de los casos Umbra y Novo Carthago.
Dicen que el tiempo atempera nuestra capacidad de asombro, lo que viene a significar que el transcurrir del mismo produce en el ser humano una serie de fenómenos que le lleva a entender todo, comprender todo y justificar todo porque su capacidad de cinismo aumenta exponencialmente, en función del crecimiento de todo aquello susceptible de escandalizarnos.
Y me niego, me niego a dejar de escandalizarme por ciertas cosas que ocurren día a día en esta España nuestra tan vieja, tan extraordinaria, tan maltratada a veces por todos. Y sí, me escandaliza, me preocupa y me indigna como ciudadana que cree en la separación de poderes que caracteriza el Estado de Derecho moderno, que la jefa de la oficina antifraude de la Agencia Tributaria, Margarita García-Valdecasas, pueda negarse, como al parece hace, a atender la petición del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, de cuantificar el supuesto fraude fiscal derivado de las donaciones irregulares recibidas por el PP en el año 2008. Porque eso es lo que al parecer esta funcionaria de alto rango ha hecho en un escrito dirigido al juez Ruz en el que le anuncia que no va a cumplir su orden, poniéndose por montera el Convenio de Colaboración que se estableció, en el 2010, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Un convenio que contemplaba la cesión de información tributaria, a Juzgados y Tribunales, por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
Casi al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda ha procedido a la destitución del delegado de la Agencia Tributaria en Murcia, Cristóbal Osete, que fue nombrado en agosto de 2012. Un cese que, miren por donde, se produce tras un periodo de estrecha colaboración de Osete con la justicia, y de la elaboración de informes a requerimiento de los instructores en casos que afectan a miembros del Partido Popular en la Región de Murcia, como Umbra y Novo Carthago. La Agencia Tributaria sostiene que la destitución de Cristóbal Osete como delegado especial de la Agencia Tributaria en Murcia “es un relevo normal”, en contra de las informaciones que lo atribuyen a “motivos políticos”. Pues que bien. Al parecer este cese fulminante no ha tenido nada que ver con que Cristóbal Osete, tuviera la sana costumbre de no interferir en el trabajo de los inspectores encargados de hacer informes periciales para el magistrado Manuel Abadía encargado de investigar los casos Umbra y Novo Carthago.
Los distintos partidos políticos con representación en la Región han reaccionado, como no podía ser de otra manera, ante este escándalo y mientras que los diputados del PSOE por Murcia, Pedro Saura y María González Veracruz, presentaban una pregunta en el Congreso inquiriendo las razones que han llevado al cese del delegado de la Agencia Tributaria en la Región de Murcia. El candidato de UPyD a la presidencia, Cesar Nebot, manifestaba que el cese “pone en riesgo la independencia de los funcionarios y de los técnicos a la hora de emitir informes”, mientras que el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, que también anunciaba que su grupo ha registrado una pregunta en el Congreso para exigir explicaciones a Montoro, decía cosas como que la destitución del delegado de la Agencia Tributaria en la Región, Cristóbal Osete, es “una decisión mafiosa” porque “pone de manifiesto que en la Región se instala la Cosa Nostra y que es el Padrino el que toma decisiones en contra del normal funcionamiento de la justicia”.
Nosotros no compartimos las palabras de José Antonio Pujante, pero si coincidimos en la inquietud que se establece en la sociedad por estas decisiones que ponen en cuestión la salud democrática de un país perteneciente a la UE.
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