Llevamos mucho tiempo viendo el denigrante espectáculo de familias desahuciadas de sus viviendas porque, aunque paguen el alquiler, pueden verse en la calle porque su vivienda ha sido comprada por los llamados fondos buitre y no pueden pagar los nuevos precios de las mismas.
Ahora tenemos la sensación de que el desahucio de Maricarmen—convertida en un símbolo del problema–, y su posterior muerte en el hospital, ha sido como un aldabonazo en las conciencias de muchos ciudadanos y esperemos que también en las de los gobernantes.
Es muy preocupante que los políticos españoles sean incapaces de sentarse a dialogar sobre los problemas que tiene la sociedad española, porque hay asuntos que no pueden ser solucionados solo por una determinado formación política por mucha fuerza que tenga en ese momento. Hay temas, que necesitan de un consenso entre todos para que cuando se suceden los cambios de Gobierno no se corra el peligro de deshacer todo lo andado. Las grandes cuestiones sociales han de ser consensuadas para que no vivamos en un sube y baja que solo hace alterar el normal funcionamiento de una colectividad.
La sanidad, la educación y la vivienda, son importantes soportes de una sociedad. Lo que da seguridad a los ciudadanos, lo que les presta una cierta igualdad. Si esos tres elementos se deterioran se siembra la inquietud en una ciudadanía cada vez más desconcertada. Y si en los últimos tiempos estamos asistiendo a un deterioro preocupante de la sanidad y la educación públicas, lo que está ocurriendo con la vivienda es digno de un estudio profundo por parte de los responsables: los del Gobierno central y los de las autonomías
Sí, los de las autonomías también, porque da la impresión de que cuando las cosas marchan bien todo el mérito es de los gobiernos regionales y cuando las cosas marchan mal es porque el Gobierno central no es capaz de solucionar los problemas.
Un ejemplo claro de esto lo tenemos en las declaraciones hechas días pasados por el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que criticaba ante los periodistas los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno central, asegurando que «no se ha solucionado nada» con las medidas adoptadas. Medidas que, según él, no convencen a nadie porque, a su juicio, los decretos «no conllevan ni una sola decisión, ni una sola medida que solucione el problema», defendiendo que la solución pasa por incrementar la oferta de vivienda. Y frente a estas medidas, el presidente de la Comunidad ha defendido las políticas desarrolladas por el Gobierno regional y ha instado al Ejecutivo central a «seguir la senda y la estela de la Región de Murcia» destacando, según cuenta, el decreto de vivienda asequible impulsado por su ejecutivo con el objetivo de construir 25.000 viviendas durante los próximos cinco años.
Todo esto lo dijo ante los periodistas hace unos días. Pero no dijo nada de lo ocurrido hace un año, cuando la ministra de la vivienda y Agenda Urbana asistía a la inauguración del Foro Europeo de vivienda organizado por este diario y advertía al Gobierno regional que debería devolver al Estado en torno a 20 millones de euros recibidos en 2024 para construir 566 viviendas asequibles y de las que hasta esa fecha solo había ejecutado cinco, cuando el paquete debería de haber estado finalizado el pasado mes de junio.
Ha pasado el tiempo, y al parecer, se han desaprovechado esos fondos estatales para vivienda y se tendrán que devolver más de 22 millones de euros que iban destinados a construir pisos públicos.
No estaría mal que el Gobierno Regional explicase bien este tema. Si tiene que devolver el dinero—que sí—y si ha construido las viviendas—que no–, porque ya está bien de culpar al “pregonero” ante la incapacidad de gestión mostrada en este asunto.
Publicado en La Opinión, de Murcia, el miércoles 14 de octubre de 2026
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