El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el adelanto de las elecciones generales. Y ya se están vertiendo las más diversas opiniones sobre el tema, opiniones que se las vamos a dejar a otros—por el momento–, para congratularnos por el bien que este adelanto puede producir en los decretos que sobre vivienda fueron rechazados en el Parlamento español por los votos en contra de PP, Vox y Junts ya que ahora no se necesitarán esos votos para que los decretos salgan adelante porque, de no ser así, se continuará permitiendo que personas en extrema situación de vulnerabilidad–que pagan sus alquileres religiosamente–,puedan ser desalojadas de sus casas sin ni siquiera ofrecerles una alternativa habitacional. Hecho que nos habla de una sociedad que ha perdido su capacidad empática con los más necesitados, con los más débiles, y esto que ya es preocupante, se vuelve muy descorazonador cuando hablamos, en este caso, de la justicia.
Algo que puso de manifiesto el relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Koldo Casla, que criticó días pasados el desahucio de Maricarmen Abascal, sosteniendo que la jueza debería haberlo suspendido temporalmente: “La jueza debería haberlo hecho para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe. La legislación procesal requiere una enmienda”.
Pues que quieren que les diga, que un relator de la ONU ponga en cuestión el cumplimiento de España en el campo de los derechos humanos es para hacernos pensar porque, como dice: “Este caso pone de manifiesto que la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado. No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa”. Justo, no hay manera de entenderlo.
La diosa que simboliza la justicia es representada con una balanza para medir los argumentos, una espada para hacer cumplir la ley y una venda en los ojos que simboliza la imparcialidad. Y quizás este es el problema, porque es muy difícil aceptar que un ser humano sea imparcial. Yo diría que la imparcialidad no existe, pero si creo absolutamente en la honestidad, en el valor moral y la cualidad humana de actuar con sinceridad, verdad y justicia, manteniendo coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, y si esto es así, un poquito de corazón, también, no vendría mal. Un poquito de corazón y quizás menos ceguera hacia ciertos asuntos.
Nos dicen que las decisiones de los jueces y juezas han de estar sometidos a la razón y la ley, y no determinados por emociones personales. Pero es que ese es el caso, que en los últimos tiempos detectamos demasiadas “emociones personales” y poco corazón. Y aunque les parezca que es igual, no, no es igual.
La imagen de Maricarmen en la camilla, expulsada de su casa, se quedó grabada en la retina de los ciudadanos que no pueden comprender cómo la justicia logra obrar con tanta frialdad, con tanta falta de corazón. Sí, de corazón. El corazón mostrado por la jueza Raquel Catalá, del juzgado número 29 de lo Contencioso Administrativo de Madrid, que ha parado ocho desahucios en los últimos días.
Tras el desalojo llevado a cabo en Madrid, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a los poderes públicos que adopten “medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables”, como Maricarmen. Un caso que, según la institución, confirma que “existen deficiencias, incluso legales, que habría que subsanar lo antes posible”.
El Defensor del Pueblo detecta que “existen deficiencias, incluso legales” ¿La justicia es incapaz de detectarlas?
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