CUANDO EL GOBIERNO DECIDE UNA CONCESIÓN DEBERÍA TENER LA OBLIGACIÓN DE PROCURAR QUE LOS TRABAJADORES NO SE VEAN AFECTADOS.
El 112 es el teléfono único de emergencias de la Región de Murcia. Un servicio que necesita de un personal cualificado, y descansado también. Porque como su propio nombre indica, a través de dicho teléfono, hay que atender las más variadas demandas que afectan, en la mayoría de los casos, a la salud de los ciudadanos. Un teléfono que, por ser un servicio publico, debería estar en manos de las administraciones y no de las más variadas empresas que, lógicamente, lo único que pretenden es hacer rentable, económicamente, el servicio. Y si para conseguirlo se tiene que prescindir de trabajadores, pues se hace. Y si para lograrlo hay que apretarles las tuercas a los mismos, para que trabajen hasta la extenuación, pues se hace también porque, al parecer, este servicio cada vez se licita más barato y, lo que son las cosas, se logra que se así, no importando si esto produce conflictos o no.
Hace una década el servicio publico 112 costaba unos 11 millones de euros pero, miren por donde, con el transcurso del tiempo no solo no ha subido la dotación, que sería lo lógico, no. Este servicio, que no sabemos los motivos, es adjudicado en concurso cada cuatro años, realiza el milagro de que dichas adjudicaciones siempre se produzcan a la baja y, de esos 11 millones de euros de hace diez, se ha pasado a una explotación de 6.4 cuando la licitación había salido a 8. Vamos, el milagro de los panes y los peces. ¿Pero quienes pagan estas baraturas de servicios? Pues en primer lugar los trabajadores de este auxilio que ven como sus sueldos menguan escandalosamente, se producen despidos; porque hay que ajustarse al presupuesto y se incrementa la precariedad de sus contratos. Precariedad que lógicamente ha de revertir en el servicio que se presta porque, por muy buena voluntad que tengan los operarios, si cada vez hay menos y tienen encima de ellos la espada de Damocles del despido, díganme con que ánimo pueden atender las demandas de los ciudadanos.
Nos dicen que desde el pasado lunes funciona una comisión que ha iniciado un proceso de negociación entre la empresa adjudicataria, Ferrovial, los sindicatos y la administración. Negociación que finalizará el 30 de noviembre y es de esperar lo haga con éxito para los trabajadores. Y algo deberá hacer la administración para lograr un acuerdo porque, aunque ya hemos oído decir que “es un conflicto entre la empresa y los trabajadores”, no es así. Cuando el Gobierno decide una concesión debería tener la obligación de procurar que los trabajadores no se vean afectados porque, se quiera o no, si los mismos salen perjudicados el servicio se resentirá y una buena organización ha de ser el objetivo de una administración. Pero nos queda la duda de cómo puede prestarse un buen servicio publico en algo tan delicado como el teléfono de emergencias cuando el convenio que se está aplicando a estos trabajadores no es mismo que de los últimos años y sí el que tienen los trabajadores de «telemarketing o call center». Cualificación que no corresponde con lo que es exigible a un 112.
Y hablando de adjudicaciones de servicios que deberían de ser públicos y que sus resoluciones nos parecen un tanto mosqueantes. LA OPINIÓN publicó el pasado lunes: “La empresa favorita para prestar tratamientos de radioterapia no tiene instalaciones en la Región”. Es más, “Si resulta elegida para el nuevo contrato del SMS tendrá que desplazar a los pacientes oncológicos a Elche y Torrevieja para darles las sesiones has que disponga de un centro propio”. ¿Pero es cierta esta locura? ¿De verdad no hay empresas en Murcia que tengan sus propias instalaciones para que los enfermos no tengan que estar de la Ceca a la Meca? Si ya no es bastante tragedia padecer un cáncer, ahora se les añadiría el trastorno de tener que ir de aquí para allá como una peonza. Díganme que esto no es posible. De verdad, ¿Les parece serio?
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