Aunque algunos se empeñen en lo contrario, la incorporación de España a la democracia; tras una etapa de transición modélica, fue un ejercicio de entendimiento de aquellos políticos que venían de la dictadura e hicieron un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos, y de aquellos otros, que habiendo sufrido los rigores de esa dictadura, comprendieron también que la única manera de ayudar a este país era alcanzando consensos con aquellos que no pensaban de igual manera, para poder tener “la fiesta en paz”. Acuerdos que sirvieron para poner en marcha una democracia a la altura del resto de las europeas.
En ese camino, todos tuvieron que hacer sacrificios y renuncias y quizás, en un intento de ponernos a la altura de otros países democráticos con mucha más experiencia que nosotros, también se hicieron cosas de difícil comprensión que, a lo largo del tiempo, se nos han mostrado como perturbadoras de esta democracia que nos hemos dado todos.
Y nos estamos refiriendo a la acusación popular. Una figura jurídica singular del proceso penal español, reconocida en el artículo 125 de la Constitución, que permite a cualquier ciudadano o entidad–sin ser directamente la víctima o el fiscal–ejercer acciones penales. Una excepción en el derecho europeo, donde no existe un equivalente tan amplio y directo. Sí, una excepción, porque a diferencia de la mayoría de países europeos, donde la acción penal recae exclusivamente en la Fiscalía o en las víctimas directas, en España, asociaciones, partidos políticos, o ciudadanos, pueden impulsar causas penales. Y no dudamos de las buenas intenciones del legislativo a la hora de meterse en este berenjenal, pero lo cierto es que el resultado es el que es: la absoluta politización de la justicia, que se utiliza a menudo como una herramienta de desgaste político y mediático, por parte de organizaciones que parecen buscar solo el ruido y el desprestigio de quienes no piensan como ellos.
Y es inevitable referirnos a la Fundación Española de Abogados Cristianos, que dice fundamentar su labor en la defensa de los valores cristianos, centrándose, al parecer, en la defensa de la vida, la libertad religiosa y la protección de la familia. Y nos parece muy bien, todo el mundo tiene derecho a defender sus principios, todos. Pero lo que no puede hacer una asociación es, en nombre de esos principios, perturbar la justicia con una variada gama de querellas y denuncias centradas en la defensa de esos valores, denunciando a presentadores, actrices, humoristas y todos aquellos que no comparten su forma de ver la vida y que, por lo tanto, no la muestran como ellos la sienten. Porque esas querellas—que por fortuna la mayoría de las veces son rechazadas—solo sirven para perturbar el ejercicio de la justicia; tan falto de personal y tan sobrado de trabajo.
Pero no están solos en eso de mover el árbol de las denuncias, porque muchas veces sin sentido y siempre en la misma dirección ideológica; en el mismo camino, se encuentra ese “sindicato”, llamado Manos Limpias: aunque, su propósito inicial fue el de presentarse como un sindicato de funcionarios públicos, lo cierto es que toda su actividad ha sido enfocada a una irrefrenable actividad en la acción judicial que, miren por donde, siempre está enfocada en personajes e instituciones de alto perfil mediático, con querellas basadas en noticias de prensa, que debe de ser el colmo de la “credibilidad” en quienes plantean esas demandas, y en quienes asumen dichas demandas.
España continúa siendo el único país de Europa que permite este tipo de acusación. Ya es el momento de que las cosas funcionen como en otros países europeos, que nos llevan años de experiencia democrática: la Constitución, puede ser reformada.
Lo de ser “únicos”, a veces, no es bueno, ni conveniente.
Publicado en La Opinión, de Murcia, el 8 de abril de 2026
EL RÍO DE LA VIDA 
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