El señor Wert se nos aparece como un objetor de las sentencias del Tribunal Supremo al saltarse a la torera, en un consumado ejercicio de imaginación, las disposiciones del alto tribunal.
John F. Kennedy envió la Guardia Nacional a Mississipi para garantizar el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo.
Esto ocurría en EE.UU, hace años. En España, ahora, el Gobierno—somos los inventores de la novela picaresca—a propuesta de su ministro de Educación, José Ignacio Wert– ese señor que tanto y tan bien engaño a todos en su época de ilustrado tertuliano en la radio, TV y cualquier otro medio que quisiera contar son sus servicios–, lejos de cumplir las resoluciones del alto tribunal español busca triquiñuelas semánticas para evadirse de dar cumplimiento a sus sentencias.
Sí, en el sillón de responsable de educación, el señor Wert se nos ha descubierto como un transformador de la realidad educativa para convertir esta en lo que fue hace muchos años. Y, sobre todo, el señor Wert se nos aparece como un objetor de las sentencias del Tribunal Supremo al saltarse a la torera, en un consumado ejercicio de imaginación, las disposiciones —que deberían ser intocables para cualquier Gobierno—del Tribunal Supremo, al que no habría que buscar las vueltas a sus decisiones. El sí, el se las busca y, al parecer gana.
El pasado agosto, el TS ponía de manifiesto en dos sentencias la obligación de las administraciones educativas de regular «la admisión de alumnos en centros públicos, privados y concertados de tal forma que se garantice que en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Venia a decir, que el dinero público, el de todos los ciudadanos, no podía sufragar a colegios concertados de educación diferenciada por género. Los del OPUS, por ejemplo.
En aquel momento, el señor Wert, en declaraciones a los medios de comunicación, ya dejaba asomar su extraño respeto a lo dispuesto por el Supremo manifestando que: «La sentencia del TS se respeta y se acata en su totalidad, pero otra cosa es que se pueda discutir su fundamentación jurídica e incluso que quizá se pueda hacer una clarificación del marco legislativo en el que se resuelva esta cuestión y dé lugar a resoluciones en otro sentido». Algo así –traducción libre– como: vale, ya me encargaré yo de que la sentencia se quede en agua de borrajas.
Y así será, al parecer, porque el imaginativo Ministro—este hombre no deja descansar la mente, para disgusto del personal—presentó al Consejo de Ministros del pasado jueves, un Informe definitivo de su ministerio sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, según él.
En la introducción del mismo se dice que: “La objetividad de los estudios comparativos internacionales, que reflejan como mínimo el estancamiento del sistema, llevan a la conclusión de que es necesaria una reforma del sistema educativo que huya de los debates ideológicos que han dificultado el avance en los últimos años”. Pues que bien, porque al señor ministro, para evitar los “debates ideológicos”, solo se le ocurre introducir en ese proyecto una coletilla que dice: «Concertar con centros de educación diferenciada por sexos, siempre que cumplan los requisitos de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza». Un texto que, está claro busca que el Gobierno pueda sortear las sentencias del Supremo.
“Muchas veces las leyes son como las telarañas: los insectos pequeños quedan prendidos en ellas; los grandes la rompen”. (Anarcasis, Filósofo) Pues eso.
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