TRANSPARECIA CON TRAMPAS

 

Nos quedamos con el galimatías utilizado para definir, no definir, infracciones encaminadas a sancionar la corrupción de los políticos

CONSEJO DE MINISTROSEl gobierno de Rodríguez Zapatero tenia preparada una ley de Transparencia que nunca vio la luz; para desencanto de los votantes del PSOE que han visto con una cierta envidia, que lleva implícita un claro reproche al gobierno socialista, como el ejecutivo de Rajoy, en Consejo de Ministros, aprobó un anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Que suena muy bien dicho así, pero que distorsiona un tanto el sonido cuando se lee con detenimiento el tal proyecto de ley que está colmado de trampas. Porque este texto contempla tantos límites y exclusiones al derecho de acceso a la información del ciudadano, que nos hace dudar muy mucho de su real efectividad, máxime cuando está pleno de ambigüedades que oscurecen en gran manera su contenido, lo que nos hace temer por su auténtica efectividad.

La norma nos dice que se encamina a “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública”, “garantizar el derecho de acceso a la información” y “establecer las obligaciones a cumplir por los responsables políticos”, pero hay tantas restricciones a este cumplimiento que nos tememos que lo que se ha pretendido es quedar bien con el personal que reclama transparencia.

Hemos de reconocer que esto el gobierno del PP lo hace bien. Son capaces de decir hoy una cosa y mañana todo lo contrario sin que les mueva un músculo de la cara y en ese plano hemos de entender el contenido de esta ley porque hay que tener mucho valor para llamarla rimbombantemente Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, si tiene tal número de restricciones que se queda en un mero enunciado.

Entre las limitaciones de información pública que se reflejan en la ley se encuentran, entre otras, las que se refieren a “la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios”. Pero las acotaciones no se quedan aquí porque la información que tendrá derecho a solicitar la ciudadanía –en algunos casos se tendrán que pagar tasas– podrá no ser suministrada por las distintas administraciones, que pueden argumentar, por ejemplo, perjuicios para los “intereses económicos y comerciales”, la “protección del medio ambiente” o la “política económica y monetaria”, entre otras causas. Por otra parte, también se podrá denegar el acceso si perjudica a los intereses económicos y comerciales, según apuntan.

Si a esto añadimos que cuando la documentación solicitada por el ciudadano incluya “datos especialmente protegidos” o afecte a “derechos e intereses de terceros” estos podrán presentar alegaciones y en el caso de que las informaciones hayan sido realizadas por una entidad distinta a la administración pública, será dicha entidad la que decida sobre el acceso a la información solicitada, pues la tan cacareada ley se nos queda en muy poquito.

Si para muestra vale un botón nos quedamos con el galimatías utilizado para definir, no definir, infracciones encaminadas a sancionar la corrupción de los políticos y que prohíbe a los altos cargos “aceptar para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”. Todo esto sin decirnos que es lo que se considera “usos habituales” o “cortesía”, que lo tendrá que decidir el Consejo de Ministros en el caso de que sean miembros del Gobierno o Secretarios de Estado, o el ministro de Hacienda en el resto de casos. Ellos serán los encargados de las sanciones, pero nos alarma que estas se dejan abiertas a criterios tan dados a la interpretación personal como “la naturaleza de la infracción”, “las ganancias obtenidas” o la “gravedad del peligro ocasionado”. Sí, ley de Transparencia, pero menos,

Publicado en La Opinión, de Murcia, el 3 de abril de 2012
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