Veíamos las imágenes por televisión. Los Reyes visitaban Paiporta, uno de los pueblos más afectados por la Dana. En la misma comitiva, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Muchos ciudadanos al borde de la desesperación les esperaban, pero sobre todo, les esperaban un grupo de vociferantes jovenzuelos que habían ido a ese pueblo —la alcaldesa dice que no eran de allí—que lucían tatuajes y camisetas de simbología nazi y que aprovechaban la presencia de medios de comunicación, y sobre todo de los vecinos que acumulan horas de dolor y desamparo por la difícil situación que están pasando, para provocar el caos y generar una vergonzosa situación de violencia. Simpatizantes de la extrema derecha que han permitido agrandar la figura del Rey, de los Reyes, por la entereza con la que se enfrentaron a los insultos, dialogando con los ciudadanos y solidarizándose con su dolor. No era esto lo que ellos pretendían, pero si lo han conseguido.
Y esta Dana, este suceso de catástrofe extrema, nos hizo pensar en otro ocurrido no hace mucho, en el que también se puso a prueba las decisiones que ha de tomar el Gobierno central en estos casos, porque no podemos olvidar que el 14 de julio de 2021, el Tribunal Constitucional, declaraba inconstitucionales algunas de las disposiciones establecidas por el Gobierno de España al declarar el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID y es que, ante la sorpresa de muchos ciudadanos, el Alto Tribunal, resolvía un recurso de Vox, anulando las medidas más duras del decreto sobre el estado de alarma, aprobado por el Gobierno, al inicio de la emergencia sanitaria, en marzo del 2021: ese partido Vox, no tuvo ningún problema en mover el árbol del ruido jurídico—nunca se sabe lo que se puede conseguir—pese a que esta formación política, votó a favor del estado de alarma cuando este fue presentado por primera vez ante el Congreso.
Y es el momento de acordarnos de esto, porque es fácil imaginarse la que se hubiese organizado si el Gobierno hubiese declarado el Estado de alarma, con motivo de estas inundaciones, tal y como hizo con la pandemia de COVID: solo con la declaración de alarma hubiese tenido potestad para pasar por encima de las decisiones del Gobierno de la Comunitat Valenciana.
Y esto lo sabe también el presidente del PP, en al ámbito nacional, Núñez Feijóo, que ahora aboga por el entendimiento entre todos, pero que de manera un tanto ruin aprovechaba la semana pasada el dolor de muchos ciudadanos para arremeter contra organismos que dependen del Gobierno central. Entre otros, la Agencia Estatal de Meteorología, a la que acusó de no haber cumplido las normas de aviso sobre catástrofes, cuando debe de saber que esta agencia llegó a dar hasta siete avisos distintos sobre el fuerte temporal que se avecinaba. Sí, el señor Feijoo sabía que mentía cuando en Valencia arremetió contra la AEMET, porque el primer aviso de este organismo se realizó el jueves 24 de octubre, para advertir de la formación de una DANA, hasta llegar al día previo al desastre, en el que avisaba a las 22:48 horas del día 28. Avisos con alerta naranja para la Comunidad Valenciana, e incluso con algunas zonas en rojo, habiendo sigo ignorados por el Gobierno Autonómico—ahora también se subió al carro de “culpar al pregonero”–, que no mandó su alerta meteorológica hasta las 20:03 horas del 29 de octubre, momento en el que el agua y sus consecuencias eran ya imparables.
Dicho esto, los afectados se merecen la unión de todos los españoles para sacar adelante a los pueblos afectados. Es el momento de que se haga realidad la petición del Rey ante Pedro Sánchez y Mazón «Hay que garantizar que el Estado en toda su plenitud está presente».

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