A veces tenemos la sensación de que somos el país con más leyes, con más normas, con más preceptos. El que más legisla y el que menos cumple lo legislado. Y el último asesinato por violencia machista (cuando lea este artículo seguramente habrá aumentado), que se cometió en Cieza, nos hace reflexionar sobre esto: en lo que va de año han muerto las mismas mujeres que en todo el año pasado.
Según el último balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, hasta este mes septiembre, las víctimas mortales a causa de la violencia de género, ascienden a cuarenta y cuatro. Un mes, este que estamos viviendo, en el que ya han sido asesinadas cuatro mujeres. Cuatro victimas de la violencia machista. Y esto debe de hacernos reflexionar: algo está fallando en nuestra sociedad.
En febrero de este mismo año, el Consejo de Ministros aprobaba, a propuesta del Ministerio de Igualdad, la distribución de 177 millones de euros a comunidades y ciudades autónomas para luchar contra todas las formas de violencia machista. Entre los fondos a repartir, el 79% correspondían al Pacto de Estado contra la Violencia de género, el 11% a los fondos de la Delegación de Gobierno contra la violencia de género y el 10% restante al Plan de Recuperación y Resiliencia. Tal y como destacaba ese ministerio, con la aprobación de esos fondos se incrementaba en un 36%, respecto al año anterior, el presupuesto ordinario destinado a luchar contra las violencias machistas.
Pero, al parecer, no es solo cuestión de presupuesto. Posiblemente es que cuando se pretende que unas normas se cumplan, se necesita que los órganos de control de esas normas funcionen adecuadamente, y en el caso del asesinato de Cieza parece que no fue así. Y no fue así, porque la mujer asesinada denunció al individuo en 2019 y el juzgado de Violencia de Género de Cieza había establecido una orden de protección, a la vez que imponía al detenido la prohibición de acercamiento y comunicación. Y en agosto de 2022, esta mujer formuló una nueva denuncia por quebrantamiento de la medida cautelar, por lo que se abrió un segundo procedimiento contra el detenido, ordenando su busca y captura, al no comparecer en el juzgado, siendo condenado en mayo de este año a una pena de diez meses de prisión y a la prohibición de aproximación, a la vez que se mantenía vigente la orden de protección y la medida cautelar de prohibición de acercamiento hasta la firmeza de la resolución. Pues bien, cuando todo esto ocurre ¿Solo se refleja en un papel?, ¿No hay unidades de valoración del riesgo que sean capaces de captar el peligro para preservar la vida de la victima? Pues al parecer no.
Y en el incremento de los delitos de género, todo tiene su importancia. También el lenguaje negacionista que ha venido imponiendo Vox en los últimos tiempos, utilizando para ello los altavoces que el PP les ha prestado en los distintos Gobiernos municipales y autonómicos que comparten. Oyendo sus desvaríos sobre este tema, se entiende mucho mejor el incremento del maltrato de la mujer, de los asesinatos de violencia de género que se han producido. Porque esos discursos que destilan odio van calando, calan tanto, que se va normalizando la utilización de un lenguaje negacionista que está dejando de ser patrimonio de Vox.
Por cierto, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer es un órgano colegiado interministerial, al que corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes, estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género, ¿Estará entre sus obligaciones el control del presupuesto en esta materia asignado a las comunidades autónomas? Lo digo, porque en algunas de esas comunidades, Vox tiene mucho que decir, y no los veo por la labor.
EL RÍO DE LA VIDA 
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