PRESIDIR UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA ES UN CHOLLO

En España, ser presidente de una comunidad autónoma  es un chollo, porque el   ciudadano tiene la  sensación de que nunca son responsables de nada. Si las cosas marchan bien, ya se preocupan en triunfalistas ruedas de prensa de resaltar su magnifica labor, y si  las cosas marchan mal, es muy fácil, se culpa al “pregonero” y santas pascuas. Y el “pregonero”— siempre que no sea de su mismo partido, claro—invariablemente es el Gobierno  central.

Sí, las autonomías en España gozan de, prácticamente, todas las trasferencias: las de las viviendas también. Como los ayuntamientos, que al parecer, han dejado atrás sus responsabilidades en este terreno, permitiendo entre todos, la locura en la que se ha convertido el poder alquilar un piso—de comprar ni hablamos– sin que se desestabilice la economía familiar.

            Y es muy difícil que esa economía no se haga añicos, cuando los  precios de los alquileres, en España, en este año que casi acaba de comenzar, ya  han alcanzado máximos históricos con una subida interanual superior al 11%. Una subida escandalosa, provocada por la caída en la oferta de las viviendas y la demanda record que dificulta el acceso a ellas para todos, porque parecía que solo afectaba a los jóvenes, pero estamos descubriendo que,  personas mayores con pensiones mínimas, han de compartir piso para poder sobrevivir.

Sí, las Comunidades Autónomas, Murcia también,  tienen las competencias  en políticas de vivienda, y entre esas competencias, se encuentran el dictar las  leyes autonómicas sobre el tema y gestionar el parque público de hogares sociales, entre otras cosas. Pero, al parecer, los responsables aquí, no son muy conscientes de ello porque la producción de casas protegidas, en esta comunidad, es preocupante. Como si la administración viviese de espaldas a la realidad: entre 2014 y 2024, solo se construyeron 311 viviendas protegidas en la Región de Murcia, representando un 0,3% del total nacional en ese periodo. Y si hablamos de los años anteriores nos encontramos con el desierto más absoluto: en las últimas tres décadas,  la mayor parte de la construcción de viviendas en la Región de Murcia,  ha sido realizada por el sector privado, con una gran actividad antes de la crisis de 2008 y una drástica reducción de la vivienda protegida.

Consolémonos con que, al parecer, el Gobierno de la Región, ha puesto en marcha un plan para construir 25.000 viviendas asequibles durante el periodo 2025-2030: las ayudas incluyen alquiler, compra y rehabilitación, gestionadas por la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos.

Porque los ayuntamientos—el de Murcia también–tienen responsabilidades como la gestión y ejecución del suelo—algo esencial para la construcción de viviendas–, la gestión de los alojamientos sociales, especialmente en casos de emergencia y vulnerabilidad—teniendo en cuenta los datos de Murcia sobre pobreza infantil lo de la vulnerabilidad está clarísimo—, así como la asunción de competencias delegadas por las comunidades autónomas; como la promoción de vivienda pública a nivel local, entre otras cosas.

Es decir, no es solo el Estado el que está obligado por la Constitución a garantizar el derecho a una vivienda digna; promoviendo el uso del suelo de acuerdo con el interés general y frenando la especulación: las comunidades autónomas tienen la competencia para regular el grueso de estas  políticas.  

Dicho esto, el Gobierno central, debería de fijarse en las directrices que, en este campo, desarrollan países como  Suecia, Reino Unido y Países Bajos, que cuentan con el mayor número de casas sociales, de alquiler, de la Unión Europea y dedican más del 3% del PIB a la política de vivienda, mientras que  España no llega al 1%.

Confiemos en que se ratifique pronto la Ley de Vivienda, pendiente de aprobarse: hace falta. Publicado en La Opinión, de Murcia, el 11 de marzo de 2026