Las prisas mostradas por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3, de Badajoz, de abrir juicio oral por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE de Extremadura, y otras nueve personas, ha provocado una gran sorpresa, teniendo en cuenta que la justicia española no se caracteriza, en los últimos tiempos, por la rapidez de sus acciones.
O esa es la sensación que se vive en la Región de Murcia, donde los retrasos en las resoluciones se han convertido en escandalosos y el resultado de dichos retrasos es el llegar a acuerdos más escandalosos aun con los delincuentes. Acuerdos que les permiten librarse de pasar por la cárcel, pagando indemnizaciones de risa (el caso más impúdico, vivido en los últimos tiempos aquí, es el de los empresarios que prostituyeron a menores de edad y que se fueron “de rositas” después de años y años esperando una resolución de los tribunales de justicia), y dando la sensación de que las cosas pueden coger el camino deseado para algunos malhechores, solamente con contar con las personas adecuadas que vayan retrasando sus asuntos “sine die”. Que yo no digo que esto es lo que ocurra. Yo solo apunto que es la sensación que se transmite.
Y teniendo en cuenta las prisas de unos—Extremadura—y la “pachorra”, de otros—Murcia–, debemos de creer en las palabras del juez decano de Badajoz que hace unos días declaraba que la respuesta que da la Justicia extremeña, a los casos, está entre las más rápidas del país. En definitiva, viene a decir que Extremadura es un oasis por sus cifras en resolución de conflictos. Y si es así, deberíamos preguntarnos los motivos de la diferencia, entre Extremadura y Murcia, porque estas dos comunidades autónomas comparten el hecho de no tener transferidas las competencias en materia de justicia, junto con Castilla y León, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Y si todas están en las mismas condiciones, no podemos entender los motivos por los que nuestra tierra se encuentra a la cola de todas ellas.
Según los datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, la Región de Murcia, batió un nuevo récord traspasando la barrera de los 200.000 asuntos pendientes de respuesta. Asimismo, los últimos datos nos hablan de que los diversos litigios aumentaron en más de veintisiete mil, un 16,1% más que en el mismo periodo anterior. Así es que nos hemos convertido en los españoles con más capacidad de aguante. Atesorando, también, una enorme paciencia, porque encontrar una respuesta a las demandas judiciales, en esta tierra, es todo un ejercicio de perseverancia y resignación, no siempre cristiana.
Por cierto, la jueza que lleva el caso del hermano del presidente, en Extremadura, se contradice a ella misma porque, en una providencia del pasado 14 de mayo la magistrada anunciaba que esperaría “al resultado de los recursos que se interpongan contra el auto de procedimiento abreviado para acordar la resolución que proceda con respecto a la apertura de juicio oral”. Pero a la vez rechazaba los que presentaron ante ella tanto las defensas como la Fiscalía y, por el contrario, en su auto del pasado jueves, la magistrada sustentó su decisión de enviar ya a juicio oral a los procesados, sin esperar al pronunciamiento de la Audiencia Provincial, en el escrito presentado por las acusaciones populares — el pseudosindicato Manos Limpias, PP, Vox y organizaciones del ámbito ultra—,porque para la jueza, “la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, dicha apertura de juicio oral”.
Les aseguro que respeto y admiro, profundamente, el ejercicio de la justicia, pero cada vez la entiendo menos.
EL RÍO DE LA VIDA 
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