EN POLITICA, EN LA VIDA, NO DEBERÍA VALER TODO.

La pasada legislatura, el Gobierno elevó el Salario Mínimo Interprofesional, en el 2023, pasando de los 736 euros hasta los 1.080, con un incremento del 47%. Con la subida del SMI acordada para 2025, este aumenta un 61%, desde 2018: extraordinaria noticia.

Sí, que la subida del Salario Mínimo Interprofesional debería de haber sido una buena noticia para todos es de manual. Y decimos “debería”, porque al parecer se ha tornado de magnifica noticia a un dolor de muelas para una parte del Gobierno. Y digo una parte, porque la otra, la que encabeza, la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, no hace nada más que intentar meter el dedo en el ojo de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con ese aire de superioridad moral con el que acostumbra la señora ministra de trabajo. Esa abogada laboralista, que dejó una huella indeleble entre los empresarios gallegos por su dureza en las negociaciones.

Pero esa dureza, que pudo ser positiva en su época de letrada en Galicia, puede no serlo tanto cuando se aleja de la capacidad de negociación con parte del Gobierno del que forma parte y se acerca mucho al empecinamiento, sobre todo, porque una cosa es ser concejal y primer teniente de alcalde de Ferrol—cuando lo era ella continuó ejerciendo la abogacía—y otra ser vicepresidenta y ministra de trabajo en el Gobierno de España. En un Gobierno de coalición al que le debería de facilitar la labor y no poner continúas chinitas desde dentro. Que es lo que está haciendo Sumar, ella y los suyos. Como Urtasun, que pareció ponerse a la altura de Santiago Abascal, Vox, y Núñez Feijóo, el líder del PP, en eso de calificar al gobierno de vulgar “ladrón” por su propuesta de que el nuevo SMI pague impuestos.

Todos sabemos que “los impuestos son el dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que las Administraciones Públicas –el Estado, las Comunidades autónomas, los Municipios– dispongan de los recursos suficientes con los que financiar la satisfacción de las necesidades públicas”. Y esas necesidades son los colegios y la sanidad publicas, por ejemplo. Por no hablar del funcionamiento de los trenes, del buen uso de las carreteras, de todos los servicios que son indispensables para que una sociedad avance en igualdad y en derechos.

Por eso, cuando oímos a ciertos políticos, y políticas, hablar de que los impuestos van al “bolsillo del Gobierno”–en algunos casos ha sido literal—sentimos una mezcla de desconcierto y de rechazo porque, como no es posible que tengan tanto desconocimiento, hemos de pensar que lo que pretenden, es convertir la política en un continuo sainete con el que tomar a los ciudadanos por tontos. Que Núñez Feijóo, el líder del primer partido de la oposición, diga cosas como que: “este Gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo”. “Subimos el salario mínimo, lo pagarán otros y nosotros nos quedamos con la mitad” es, sencillamente, incalificable. ¿Se quedan con la mitad, para qué, para ellos? porque eso es lo que da a entender el señor Feijóo.

Que los partidos de derechas se manifiesten en contra de los impuestos es lo normal–de cómo funcionen los servicios públicos ni hablamos–, pero que algunos políticos de izquierdas se expresen en contra de ellos, es de traca. Porque el estado del bienestar hay que pagarlo, de manera equitativa, entre todos los ciudadanos.

Es por esto que nos ha extrañado el lenguaje del Ministro Ernest Urtasun, que en una entrevista justificaba su oposición a que el SMI pague impuestos diciendo: “no se puede optar por “robar” 21 euros a los perceptores del SMI”. Exactamente, utilizó la palabra “robar”, aunque después—visto el ridículo– lo dejase en “retención socialmente injusta”.

Publicado en La Opinión, de Murcia, el 26 de febrero de 2025

No todo vale.