Se supone que los rectores de Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), pongamos por caso, no tenían más información sobre la proximidad de una DANA que los responsables del Gobierno de la Generalitat Valenciana. Se supone, aunque no lo pareciera, porque mientras que estas instituciones resolvían suspender las clases, antes de que la catástrofe se produjera—el presidente valenciano calificó de «excesiva» la decisión tomada por estas instituciones en una reunión con el mundo empresarial y sindical–, los responsables del Gobierno de Carlos Mazón parecían estar “a Belén con los pastores”. Una expresión que tiene que ver con lo que muchos llaman “estar en babia, distraído, embobado, sin enterarse de la realidad”.
Y tan sin enterarse de la realidad, porque en ese Gobierno autonómico se puede dar el caso de que Salomé Pradas, consejera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana desde julio pasado, admita que no tiene ni “pajolera idea” de las competencias de su departamento. Porque sí, nos ha descubierto que alguien que tiene la carrera de derecho, que ha ejercido durante muchos años, puede ser tan dejada en sus responsabilidades que, desde el mes de julio, no ha tenido tiempo de aprenderse lo más básico de su departamento, como la existencia, a su disposición, de un instrumento que permite enviar una alerta a través de los móviles a todos los ciudadanos. Una alerta pensada para prevenir la tragedia que finalmente ocurrió.
Que una consejera de Interior admita que, mientras la gente se ahogaba en su tierra, ella era incapaz de reaccionar por desconocimiento e ineptitud, es difícil de asimilar. Pero que, además, se intente justificar mintiendo descaradamente al decir que ese artilugio tecnológico no estaba regulado en la normativa autonómica es, sencillamente, escandaloso. Porque sí, la alerta a móviles fue anunciada en 2022 por el Gobierno valenciano. Se presentó en 2023 antes de las elecciones autonómicas y el propio Ejecutivo de Carlos Mazón presumió de ese instrumento, o lo que es igual, de las alertas a móviles para prevenir las terribles consecuencias de una gota fría. Pero al parecer, esta consejera nombrada por Mazón, no se había enterado de que existe este utensilio de contacto con los ciudadanos y desde su infinita ignorancia, se puso a “gestionar” uno de los peores sucesos que ha vivido la Comunidad Valenciana desde hace decenas de años.
Y me ha venido a la mente eso del “Principio de Peter” que «todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia». O lo que es igual, que “las personas tienden a ser promovidas en una organización hasta que alcanzan un puesto donde ya no pueden desempeñar sus obligaciones de manera efectiva”.
Mientras tanto, Carlos Mazón, ese President enredado en su laberinto—hoy digo una cosa, dentro de un rato otra, mañana otra—incapaz de cesarla porque bastante tiene él con lo suyo. Con intentar justificar una prescindible comida, con sobremesa interminable, cuando todas las alarmas estaban dadas, cuando los pueblos ya estaban siendo inundados y cuando la tragedia se hacia presente. Sí, bastante tiene él con justificar la “no cobertura” de su móvil en esa comida que le perseguirá toda su vida, si tiene un mínimo de dignidad. Una comida que le hace llegar dos horas tarde a la reunión más importante que tendrá nunca como presidente y donde los expertos pierden otra hora explicándole a este señor de lo que en ese reunión se habló.
Mientras en ese comité de “importantes” se perdía el tiempo, alcaldes de localidades como Algemesí, Ribarroja de Turia y Utiel, el domingo 27 ponían en marcha sus modestos planes de emergencia y el lunes 28 decidían suspender las clases del martes. ¿Cuántas vidas han salvado con su decisión? Y Mazón sin cobertura.

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