Es difícil no pensar que detrás de esta parafernalia de sabios no hay un deseo de destruir el sistema de pensiones y beneficiar a las grandes empresas de seguros
Se supone que los Gobiernos cuentan con expertos en todos los ministerios. Técnicos capaces de analizar seriamente los acontecimientos que se suceden en el día a día de la gobernación de un país. Peritos formados para pronunciarse sobre el estado actual de las pensiones, por ejemplo, y lo que hay que hacer con ellas. Pero hay veces que los Gobiernos—el que nos rige en estos momentos, sin ir más lejos–, para afrontar temas peliagudos sin mojarse del todo prefieren nombrar un grupo de expertos que carguen con la responsabilidad ante la sociedad de ser los que decidan los temas impopulares. Pues bien, el pasado 12 de abril, el Consejo de Ministros nombró un comité de sabios para que elaborara un informe sobre la actualización de la Seguridad Social con el objetivo, nos dijeron, de elaborar un plan de sostenibilidad—ya saben que ahora se llama sostenibilidad a todos los recortes—de las pensiones. Y esto, en principio, no debería de extrañarnos; está bien que de vez en vez se analicen todos los sistemas de funcionamiento de un país para conseguir un mejor funcionamiento del mismo, pero lo deseable, lo exigible, es que ese comité de sabios, expertos y toda la fanfarria que ustedes quieran, estuviese formado por personajes expertos en la materia, sí, pero sobre todo, alejados de intereses mercantilistas porque, cuando esto no es así, los resultados son los que son, los que convienen a cada uno de esos “expertos”. Pero no, nada de alejamiento de intereses espurios de este comité de expertos porque, aunque les cueste creerlo, ocho de los doce especialistas elegidos están vinculados a entidades financieras, empresas de seguros y a la patronal de este sector, Unespa. Difícil no pensar ante este panorama que detrás de esta parafernalia de sabios no hay un deseo de destruir el sistema de pensiones y beneficiar a las grandes empresas de seguros porque, si como muestra basta un botón, es suficiente con saber que el referido comité esta presidido por Víctor Pérez-Díaz que, entre otras muchas cosas, ha formado parte de los consejos asesores de diversas grandes empresas y fundaciones y, lo que es más importante en este caso, de Unespa, la patronal del seguro, siendo miembro Consultivo de Reflexión sobre Políticas Públicas que patrocina, igualmente, Unespa. Y junto a él, otros siete miembros, como les decíamos, con intereses relacionados con el sector.
Pues bien, estos llamados sabios han puesto sobre la mesa sus conclusiones sobre un nuevo modelo de pensiones, ahora solo nos queda esperar de la sensibilidad del Gobierno, si es que la tiene, para no hacer culpables a los pensionistas de una crisis en la que no tienen nada que ver, porque esa sensibilidad debe de hacerle entender que algo tan importante como la alteración de las pensiones no se puede poner en marcha justificándose en un informe de expertos: esto es algo tan serio que necesita del consenso de todas la fuerzas políticas y sociales.
El Pacto de Toledo es un buen ejemplo de lo que hay que hacer porque en casos tan trascendentales como este—estamos hablando de afectar a uno de los sectores más débiles de la sociedad–, no basta con gozar de mayoría absoluta. Si piensan así, se equivocarán una vez más.
Días atrás Henri de Castries, Presidente y consejero delegado del grupo asegurador AXA, hacia unas declaraciones en las que decía que si el ciudadano quiere una pensión decente tiene que ahorrar porque el Estado no se la dará. Habría que decirle al señor Castries, y a otros como él que parecen vivir en una burbuja que les aleja de la realidad, que hay ciudadanos que ganan lo justo para subsistir y a los que no les es posible invertir en un fondo de pensiones. El Estado tiene la obligación de protegerles.
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