No hemos dado la importancia necesaria a lo decidido por el señor Ruiz Gallardón. Una decisión que parece encaminarse a que, una vez recortados los derechos sociales lo que urge es evitar que esos recortes puedan ser impugnados por la vía judicial.
El próximo domingo se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer. Un día aprobado por la Asamblea General de la ONU en memoria de tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura del general Trujillo y a las que éste hizo ejecutar.
Han pasado muchos años, pero la violencia contra la mujer, cualquier tipo de violencia—la discriminación es violencia—se continúa ejerciendo y la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo se antoja estéril.
Pero no tenemos que viajar a países lejanos para percibirlo porque, aunque parezca extraño, es en pleno siglo XXI, es ahora, cuando España ha caído 14 puestos–del 12 al 26– en el índice sobre igualdad de género que elabora anualmente el Fondo Económico Mundial para evaluar a los países en función del grado de equilibrio social que han conseguido entre sexos.
Según el “Informe Global sobre Desigualdad de Género 2012″, que recoge los datos de 135 países–el 93 % de la población mundial–, la caída de España en esta clasificación se debe a la disminución en el número de mujeres en puestos de responsabilidad ministerial. Caída que hace que este estudio sitúe a nuestro país por detrás de Nicaragua, Lesoto, Letonia, Sudáfrica, Mozambique y Cuba
Creo que nuestros gobernantes deberían de tener en cuenta el mensaje que nos envía este informe en el que se califica a los países en función de su capacidad para cerrar “la brecha de género” en cuatro áreas consideradas clave: el acceso a la salud, la educación, la participación política y la igualdad económica.
Claro que hablar de igualdad de género en estos tiempos es un sarcasmo teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad del ser humano en general está retrocediendo en nuestro país a pasos agigantados.
Aquí, el derecho a la Sanidad Universal comienza a ser una broma. El acceso a una educación igualitaria se nos antoja pura entelequia y lo del derecho a una justicia gratuita ya es de otros tiempos porque, casi sin darnos cuenta, nos encontramos con que todos los ciudadanos han de pagar ya si deciden litigar en los tribunales porque, según el señor Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia “hay que racionalizar el funcionamiento del sistema de justicia”. Que traducido viene a decir que, a partir de ahora, solamente podrán buscar amparo en la justicia los que tengan para pagarla y los que no, que se zurzan más de lo que ya lo están haciendo hace tiempo.
Parece que no hemos dado la importancia necesaria a lo decidido por el señor Ruiz Gallardón. Una decisión que parece encaminarse a que, una vez recortados los derechos sociales—la Reforma Laboral es una prueba palpable—lo que urge es evitar que esos recortes puedan ser impugnados por la vía judicial. Porque lo más indignante de este pagar por la justicia es que se ha incluido a la jurisdicción social entre los asuntos por los que el ciudadano tendrá que pagar a la hora de buscar justicia. O lo que es igual y para que se nos entienda mejor, si un trabajador es despedido de su empresa o reclama el dinero al que crea tener derecho deberá pagar por ejercer esa vía constitucional. Es decir, ha liquidado de un plumazo y con el silencio de todos uno de los fundamentos de la igualdad, la de proteger al más débil en una relación laboral.
El señor Ruiz Gallardón debería explicar para qué sirven las leyes si no hay justicia.
Escrito por Pity Alarcón 
pityalarcon.com 