LA IGUALDAD, LAS LEYES, RUIZ GALLARDON

Martes, 20 noviembre, 2012

No hemos dado la importancia necesaria a lo decidido por el señor Ruiz Gallardón. Una decisión que parece encaminarse a que, una vez recortados los derechos sociales lo que urge es evitar que esos recortes puedan ser impugnados por la vía judicial.

RUIZ GALLARDONEl próximo domingo se celebrará el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la Mujer. Un día aprobado por la Asamblea General de la ONU en memoria de tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura del general Trujillo y a las que éste hizo ejecutar.

Han pasado muchos años, pero la violencia contra la mujer, cualquier tipo de violencia—la discriminación es violencia—se continúa ejerciendo y la lucha de las mujeres a lo largo del tiempo se antoja estéril.

Pero no tenemos que viajar a países lejanos para percibirlo porque, aunque parezca extraño, es en pleno siglo XXI, es ahora, cuando España ha caído 14 puestos–del 12 al 26– en el índice sobre igualdad de género que elabora anualmente el Fondo Económico Mundial para evaluar a los países en función del grado de equilibrio social que han conseguido entre sexos.

Según el “Informe Global sobre Desigualdad de Género 2012″, que recoge los datos de 135 países–el 93 % de la población mundial–, la caída de España en esta clasificación se debe a la disminución en el número de mujeres en puestos de responsabilidad ministerial. Caída que hace que este estudio sitúe a nuestro país por detrás de Nicaragua, Lesoto, Letonia, Sudáfrica, Mozambique y Cuba

Creo que nuestros gobernantes deberían de tener en cuenta el mensaje que nos envía este informe en el que se califica a los países en función de su capacidad para cerrar “la brecha de género” en cuatro áreas consideradas clave: el acceso a la salud, la educación, la participación política y la igualdad económica.

Claro que hablar de igualdad de género en estos tiempos es un sarcasmo teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad del ser humano en general está retrocediendo en nuestro país a pasos agigantados.

Aquí, el derecho a la Sanidad Universal comienza a ser una broma. El acceso a una educación igualitaria se nos antoja pura entelequia y lo del derecho a una justicia gratuita ya es de otros tiempos porque, casi sin darnos cuenta, nos encontramos con que todos los ciudadanos han de pagar ya si deciden litigar en los tribunales porque, según el señor Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia “hay que racionalizar el funcionamiento del sistema de justicia”. Que traducido viene a decir que, a partir de ahora, solamente podrán buscar amparo en la justicia los que tengan para pagarla y los que no, que se zurzan más de lo que ya lo están haciendo hace tiempo.

Parece que no hemos dado la importancia necesaria a lo decidido por el señor Ruiz Gallardón. Una decisión que parece encaminarse a que, una vez recortados los derechos sociales—la Reforma Laboral es una prueba palpable—lo que urge es evitar que esos recortes puedan ser impugnados por la vía judicial. Porque lo más indignante de este pagar por la justicia es que se ha incluido a la jurisdicción social entre los asuntos por los que el ciudadano tendrá que pagar a la hora de buscar justicia. O lo que es igual y para que se nos entienda mejor, si un trabajador es despedido de su empresa o reclama el dinero al que crea tener derecho deberá pagar por ejercer esa vía constitucional. Es decir, ha liquidado de un plumazo y con el silencio de todos uno de los fundamentos de la igualdad, la de proteger al más débil en una relación laboral.

El señor Ruiz Gallardón debería explicar para qué sirven las leyes si no hay justicia.

Publicado en La Opinión, de Murcia, el 20-11-2012

TODO, NO DEBERÍA SER POSIBLE

Miércoles, 11 abril, 2012

 

La cárcel está llena de presos con delitos que podríamos calificar de menores que tendrán que cumplir la pena íntegra porque no pertenecen a ningún partido político que fuerce ante el ministro un trato de favor.

Maquiavelo vino a decir que la política es una actividad ajena a la moral, en la que los valores éticos no tienen aplicación. Y esto, sencillamente, es difícil de digerir, incluso ahora, donde todo es tan extraño que tenemos la sensación de que nos estamos reinventando todos los días. Y en ese reinventarnos no salimos ganando como seres humanos, antes al contrario, tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad en la que todo es posible, y todo lo hacemos posible en nombre de no se que.

ALBERTO RUIZ GALLARDONHace unos días, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justificaba, por razones humanitarias, según él, los indultos aplicados por su departamento a condenados por corrupción. Indultos aprobados en Consejo de Ministros y que han beneficiado a dos miembros de Unió Democràtica de Catalunya: Josep Maria Servitje, exsecretario general de Trabajo en la Generalitat, durante el mandato de Jordi Pujol; que fue condenado a cuatro años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, también del partido que lidera Josep Antoni Duran i Lleida.

El ministro se apoyaba en razones humanitarias, sí, pero la cárcel está llena de presos con delitos que podríamos calificar de menores que tendrán que cumplir la pena íntegra porque no pertenecen a ningún partido político que fuerce ante el ministro un trato de favor. Le guste o no al señor Ruiz-Gallardón–acusaba de demagogo al diputado que le interpelaba sobre este hecho, MARTINEZ GORRIARAN UPYDMartínez Gorriarán, de UPyD–, la sensación con la que el ciudadano se queda es que ha comenzado una despenalización—nos tememos que vendrán más—de los delitos de corrupción, con lo que esto significa de descrédito de las instituciones. Por eso hacemos nuestras las palabras de Martínez Gorriarán cuando manifestó que:”Demagogia es utilizar la democracia a favor de una parte de la sociedad y utilizar leyes públicas pervirtiéndolas para defender intereses privados que van contra el interés general, y éste es un caso claro y evidente de demagogia que no debería repetirse”.

MATIAS CARRILLO ALCALDE DE FORTUNAComo no debería tener lugar que alguien como el alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, del PP, que está condenado por la Justicia por compra de votos—una de las peores acusaciones que se le pueden hacer a un político en un estado plural–, continúe poniendo de relieve su talante totalitario, muy alejado de lo exigible en una democracia, para utilizar los plenos en su propio beneficio, pervirtiendo el Estado de Derecho y acomodando las intervención de la oposición a su albedrío para no dar la posibilidad de debatir nada de lo que ocurre en esa ciudad.

Su partido, el PP, debería tomar cartas en el asunto porque, si ya es grave y difícilmente justificable, que un alcalde condenado por compra de votos permanezca al frente del consistorio, es incomprensible que un señor con tal tufo totalitario—carece del más mínimo respeto al Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de las Entidades Locales—pueda continuar al frente de un ayuntamiento, aunque solo sea por la imagen que da del pueblo: es bueno recordar que estamos en el siglo XXI.

Publicado en La Opinión, de Murcia, el 11-4-2012

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