Y CIUDADANOS SIN ENTERARSE

Viernes, 15 mayo, 2020

IIEn el lenguaje militar, una maniobra de distracción es aquella diseñada para distraer, o engañar, al enemigo. En el plano político, es aquella decisión encaminada a coger fuera de juego no solo al adversario, a los medios de comunicación también, que ahora están agobiados con el coronavirus, y en este tiempo de zozobra social, es posible que se cuelen otras cosas. Pues algo así es lo que ha hecho el Gobierno regional, una sibilina maniobra de distracción aprobando dos decretos-leyes con el equívoco nombre de Mitigación del impacto económico del Covid-19, aprovechando la pandemia. Porque con ese nombre, lo normal seria pensar que el contenido de los mismos estaría encaminado a socorrer a los 140,000 trabajadores afectados por un ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal), en la Región. A proteger a los 27,000 trabajadores autónomos afectados en esta autonomía, por cese de actividad. A buscar soluciones económicas para las 15,700 empresas afectadas por esta crisis. Pero no, estos dos decretos-leyes no están enfocados a mitigar todo esto, estos dos decretos–leyes, ante la sorpresa de muchos, están pensados, al parecer, para beneficiar a las grandes empresas constructoras. Porque esto es lo que se aprobó:

PUEERTOSLey de Puertos, encaminada a nuevas instalaciones que ya no tendrán que pasar por el Consejo de Gobierno para su probación porque, a partir de ahora, el único responsable de todo esto será el consejero de Obras Públicas de la Comunidad Autónoma. Un consejero, José Ramón Díez de Revenga, que podrá hacer y deshacer a su antojo sin tener que dar ningún tipo de explicación. Un consejero que nos hace pensar en aquello de que la mujer del Cesar no solo ha de ser buena, ha de parecerlo, porque este señor, hasta hace no mucho tiempo, fue accionista de Azentia, una empresa de ingeniería especializada en este tipo de obras. Y que alguien con esos lazos de intereses quede como el único responsable de decidir sobre todo ello es, todo, menos socialmente presentable. Y si ya es indignante que esto pueda ocurrir, sin que esta sociedad se escandalice, el colmo es que las concesiones puedan extenderse, de 5 a 15 años, porque si por un milagro del destino en las próximas elecciones autonómicas se pudiese formar un Gobierno, distinto al actual, éste vería comprometidas sus decisiones por unas concesiones a tan largo plazo. Difícil de digerir, la verdad.

Ley del suelo, que nace para decirnos que los proyectos industriales y hoteles podrían comenzar a construirse antes de conseguir la aprobación definitiva. Es decir, cualquier empresa puede presentar un “expediente de la señorita Pepis”, y a la vez comenzar a construir lo que le de le gana, que ya se verá. Pero si su capacidad de asombro no está completa, sepan que las modificaciones en edificios históricos podrán llevarse a cabo con una simple declaración de responsabilidad. Es decir, la palabra del constructor es lo suficientemente valida como para dejar en manos de ellos la modificación de edificios históricos que forman parte del patrimonio de todos los murcianos. Pero hay más, los Ayuntamientos, después de todas las tropelías que cometieron, muchos de ellos, en la gran crisis de la “burbuja inmobiliaria” (39 de los 45 municipios de la Región estuvieron inmersos en casos de corrupción), recuperan sus competencias sobre la ordenación del litoral.

Y una Ley de Protección Ambiental Integral, cuyo contenido parece un chiste, teniendo en cuenta que todos los países de la Unión Europea, a la que pertenecemos, abogan por una reducción de un 40% de los gases de efecto invernadero, hasta 2030, y este proyecto fomenta un aumento de un 30% de los mismos.

Por cierto, ¿Los socios de Gobierno del PP, o sea, Ciudadanos, son capaces de ver más allá de sus narices? Lo digo, porque ellos también lo han aprobado.


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