NADIE POR ENCIMA DE LA LEY

Lunes, 22 marzo, 2010

Baltasar Garzón Los españoles tendemos a experimentar un fuerte sentido corporativo: los periodistas defendemos con uñas y dientes a colegas verdaderamente indefendibles en nombre de una mal entendida libertad de expresión. Los médicos es difícil que accedan a certificar un error de los colegas porque, ya saben, “todos somos humanos”. Y no esperen que los políticos denuncien a los corruptos que forman en sus filas porque, “hay que creer en la presunción de inocencia”. Y si hablamos de los empresarios, estos son incapaces de reconocer que el señor Díaz Ferrán es el personaje menos indicado para estar al frente de su organización. En definitiva, todos los colectivos tienen un acusado sentido corporativo del que no se escapan, por supuesto, los abogados. Un sentido corporativo que se acentúa extraordinariamente en los últimos tiempos con el llamado “caso Gurtel”. Ya saben, ese escándalo de corrupción política que salpica de manera especial al PP de Valencia y Madrid y que se intenta tapar, como se hizo con el caso Naseiro, por lo que algunos llaman defecto de forma al haber ordenado el juez Garzón la grabación de conversaciones entre los procesados por este escándalo y sus abogados.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que se podrán intervenir las comunicaciones entre cliente y abogado “si media una orden judicial y el abogado puede ser cómplice de un delito”. Que medió una orden judicial para que se grabasen las conversaciones es obvio y desconocemos si los abogados de los acusados son cómplices de un delito, pero si un juez alberga la más mínima duda de que esto puede ocurrir tiene la obligación de actuar como lo hizo Garzón por mucho que, en nombre de un mal entendido corporativismo, los abogados pongan el grito en el cielo y denuncien no se cuantos atropellos por parte del magistrado.

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